Hace unos meses tuve el honor de impartir la conferencia “Murcia, un paseo por al arte y la ciencia” en el Real Casino de Murcia. Me presentó Adolfo Díaz Bautista, abogado y profesor de la Universidad de Murcia y Vicedecano de Calidad y Comunicación de la Facultad de Derecho. Quien lo conoce sabe que Adolfo es un universitario de los pies a la cabeza y con una enorme pasión por la cultura. La cantidad de eventos culturales en los que participa y/o organiza son innumerables. Entre 2006 y 2014 Adolfo Díaz Bautista fue profesor asociado de Derecho Romano en la Universidad de Murcia, compatibilizando la docencia con el ejercicio de la abogacía. En 2014 se integró como profesor doctor en la Universidad Católica de Murcia, donde impartió docencia en las áreas de Derecho Romano, Derecho Civil y Derecho Procesal. Desde septiembre de 2017 es profesor doctor en la Universidad de Murcia.

¿Y por qué les hablo hoy de Adolfo Díaz Bautista? Porque el pasado viernes me lo encontré en la Facultad de Derecho y me hizo un regalo que me encantó. Un texto que relaciona su área de conocimiento, el Derecho Romano, con un tema que he apasiona y del que he escrito muchos posts: el etiquetado de alimentos. Tras leerlo no tuve ninguna duda. Quería publicarlo en Scientia y que mis lectores pudiesen disfrutar de él. Adolfo accedió inmediatamente y aquí lo tienen. Espero que les encante tanto como a mí.

Gracias a Adolfo…te debo una.

Adolfo Díaz Bautista

“SI NO QUEDA SATISFECHO CON SU ESCLAVO, LE DEVOLVEMOS SU DINERO»

Nuestro sistema de protección al consumidor se basa en diversos principios que se concretan en normas europeas y nacionales. Uno de ellos es el deber de información que, en el caso de los productos nutricionales, viene regulado por la norma IAC (Reglamento UE 1169/2011) y que se considera fundamental para que el consumidor pueda decidir su compra de modo responsable, conociendo –o pudiendo conocer- los riesgos que asume. Esta obligación de suministrar información veraz sobre el producto está en la base de cualquier actividad comercial y su importancia aparece en cuestiones tan diversas como los productos financieros -en los que la falta de información sobre preferentes, cláusula suelo o swaps puede determinar la nulidad de la operación- o en la compraventa de automóviles, como vimos con el escándalo dieselgate.

Hace muchos años, cuando nuestra civilización apenas empezaba a formarse, la economía romana se basaba en la esclavitud. Un esclavo era un objeto de propiedad, un bien costosísimo y fundamental para la producción económica. En el mercado se encontraban multitud de esclavos de muy diverso valor. No sería igual comprar un esclavo analfabeto, débil o viejo, que adquirir un ilustrado profesor de retórica o un experto contable. Pero la compraventa de esclavos planteaba multitud de problemas jurídicos. ¿Qué podía hacer el comprador si, una vez adquirido el esclavo, comprobaba que carecía de las cualidades esperadas por el comprador? ¿y si el esclavo sufría enfermedades o padecimientos que le impedían trabajar?.

La respuesta, desde el punto de vista de la justicia, era que el comprador pudiera devolver “el producto” y recuperar el dinero. Pero la solución no podía ser tan sencilla porque, si queremos ser justos, el derecho de devolución, como ocurre hoy día, debe ponerse en relación con lo que legítimamente puede esperar el comprador. Por ejemplo, hoy día, alguien que compre por un bajo precio una prenda de vestir defectuosa no puede reclamar precisamente por la presencia de esa tara, si el vendedor ha advertido al comprador de la existencia del defecto y el precio se ha establecido en atención al mismo. La cuestión por tanto no es exactamente la perfección de la cosa sino la “conformidad” del producto con las características manifestadas por el vendedor.

Los “ediles curules”, encargados en Roma de mantener la paz social en los mercados, elaboraron un Edicto que regulaba con todo detalle la obligación del vendedor de manifestar de modo solemne las características, vicios y defectos del esclavo vendido, de tal modo que, si el comprador descubría defectos no incluidos en la declaración (o si se omitía la necesaria información) el comprador podía devolver el artículo y recuperar su dinero o, alternativamente, obtener una reducción del precio pagado en atención a la menor calidad del objeto. Más tarde, el principio de información necesaria se extendió al resto de compraventas y perduró en el tiempo, transformándose en una responsabilidad del vendedor para cualquier defecto del producto no informado. Esta responsabilidad se extiende incluso a los vicios o defectos ignorados por el vendedor, tal como se recoge hoy día en el artículo 1484 del Código Civil.

De este modo, como tantas veces, encontramos en las más modernas regulaciones, los mismos principios jurídicos que ya se acuñaron en tiempos pasados porque, por más vueltas que dé el mundo, el ser humano es el mismo desde hace miles de años y sus preocupaciones, miedos y anhelos son similares. Por eso merece la pena estudiar el pasado y conocer cómo respondieron nuestros antepasados a problemas que, si se miran con detalle, no son tan diferentes a los nuestros.

Adolfo Díaz Bautista